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Nueva línea para la reestructuración de deuda financiera con aval del Estado, dotada con 3.000 millones de euros.
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El ICO podrá incorporarse a los procesos de refinanciación y reestructuración que pacten los bancos y sus clientes, protegiendo también la estabilidad financiera.
Las Líneas de Avales del ICO puestas en marcha en 2020 han permitido movilizar más de 121.000 millones de euros de financiación para autónomos y empresas. La norma aprobada hoy extiende hasta el 31 de diciembre el plazo para solicitar préstamos con aval del ICO.
En noviembre se adoptaron ya medidas para facilitar el pago de estas deudas, al extenderse hasta dos años el periodo de carencia del pago del principal y ampliarse a ocho años el plazo de devolución de los préstamos.
Nuevas condiciones a negociar:
- Se podrán acordar medidas para extender por un periodo adicional el plazo de vencimiento de los préstamos con aval público
- en segundo lugar, convertir los préstamos con aval público en préstamos participativos, medida que reforzará los recursos propios de las empresas beneficiarias al tener estos préstamos un tratamiento equivalente al capital a efectos mercantiles.
- Así mismo se permite la concesión de ayudas directas para reducir la financiación con aval público solicitada durante la pandemia. ( ello permitirá quitas)
En cada una de las vías, el Estado asumirá la parte porcentual que haya avalado, del 80% del crédito en la mayoría de casos, mientras que la banca correrá con el resto, normalmente el 20%, incluyendo el caso de las quitas.
Las ayudas podrán destinarse a las empresas que cumplan los criterios de elegibilidad que se establecerán por un posterior Acuerdo de Consejo de Ministros y dentro de un proceso de renegociación acordado por los clientes con las entidades financieras, que asumirán la parte proporcional de la reducción del préstamo.
Para la articulación de estas medidas se aprobará un Código de Buenas Prácticas, de adhesión voluntaria por parte de las entidades financieras y otros organismos, similar al existente en el ámbito hipotecario, cuyo objetivo es favorecer una actuación coordinada y eficiente de los bancos en apoyo de empresas viables con problemas puntuales de solvencia.
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